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Tercer comunicado de la Fundación Tripartita sobre la aplicación de créditos formativos para consultoría LOPD

A raíz de lo comentado aquí hace tres días en nuestro último post, gracias a los muchos compañeros que escribieron lo mismo o entradas similares en sus respectivos blogs, y a la carta abierta publicada por la APEP, la Fundación Tripartita ha emitido el tercer comunicado al respecto de la utilización de créditos formativos para la prestación de servicios de consultoría en materia de protección de datos, lo que se conoce popularmente como «LOPD a coste cero».

En su comunicado, la Fundación Tripartita recuerda que «el crédito anual del que disponen las empresas está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores«.  Además advierte de que «las empresas que se bonifiquen por la contratación de servicios de consultoría (LOPD, LPR, etc.) deberán devolver los importes correspondientes y atenerse a las actuaciones pertinentes del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

Por último, informan de que como consecuencia de los procesos de comprobación realizados, «las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal han dado lugar a la imposición de sanciones«.

Algunos de los comentarios escritos por compañeros al respecto (si falta alguno, por favor, indicádmelo en los comentarios):
http://www.toito.es/actualidad/?p=1180

Edito para añadir que el desconocimiento que alega la Fundación Tripartita sobre el convenio en cuestión ya ha sido resuelto, dado que le ha sido remitido por varios compañeros. Dado que ya lo tienen, supongo que tendrán algo que decir.

Administraciones Públicas que colaboran en la utilización fraudulenta de créditos formativos

Leo que la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) ha firmado un convenio para «implantar la normativa sobre la Ley de Protección de Datos en la totalidad de las corporaciones locales de Castilla-La Mancha». Además podrán beneficiarse del convenio también «los proveedores de las administraciones locales de la región también podrán verse beneficiados, ya que la práctica totalidad de los mismos podrán adaptarse también a la LOPD sin coste para sus empresas, al ser dicha actuación subvencionable a través de la Fundación Tripartita«.

Se está diciendo claramente que los créditos formativos para los trabajadores se utilizarán para la prestación de servicios de adecuación a la normativa sobre protección de datos. Tal y como ha advertido en dos ocasiones la Fundación Tripartita (en 2010 y 2012), el crédito 
«está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores», con lo que utilizarlo para otras cosas «puede llegar a ser constitutivo de fraude». Además «las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal han dado lugar, en ocasiones, a la imposición de sanciones a las empresas ofertantes de los citados servicios de protección de datos de carácter personal, así como a la devolución de las bonificaciones practicadas en materia de formación en el empleo por parte de las empresas. Sin perjuicio de ello, podrá darse traslado de los hechos constatados y de las evidencias obtenidas tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como a los órganos administrativos pertinentes en materia de Defensa de la Competencia».


El caso es especialmente sangrante, puesto que según cuenta la noticia se bonificará a las entidades «si estas participan en el proceso de forma activa mediante la comunicación a sus proveedores de la necesidad de cumplir la LOPD». Es decir, no sólo se colabora en la utilización ilícita de fondos de formación para los trabajadores, sino que la propia administración tiene la desfachatez de actuar como comercial de una entidad privada que realiza estas actuaciones.
Así, mientras un gran número de profesionales del sector nos dedicamos a prestar servicios de calidad a nuestros clientes, con el objeto de cumplir correctamente con la Ley y ayudar a las empresas, una administración pública se dedica a firmar convenios para detraer fondos del derecho que tienen los trabajadores a su formación, puesto que se utilizarán créditos para pagar servicios que no son formativos. Enhorabuena a la FEMP-CLM por esta ejemplar actuación.
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Claves para identificar un proyecto adecuado de consultoría LOPD

apep

La Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) ha publicado un documento dirigido a las empresas y profesionales interesados en contratar un servicio de consultoría de protección de datos, con el objetivo de que conozcan qué cuestiones han de tenerse en cuenta si se quiere disponer de un servicio integral y profesional.

El documento, disponible en la página web de la APEP, recoge las claves para acometer correctamente un proyecto de adecuación a la normativa sobre protección de datos. A modo de resumen:

  • Es necesaria la implicación, concienciación y participación del cliente.
  • La adecuación no es algo puntual, exige su continuación en el tiempo. La entrega de una documentación, sin más, tras rellenar unos cuestionarios, no es una adecuación.
  • La consultoría requiere de formación y concienciación por parte de todo el personal de la empresa con acceso a datos de carácter personal.
  • La adaptación puede requerir cambios en la empresa respecto a actuaciones incorrectas.
  • La adaptación a la LOPD no se soluciona con «copiar y pegar», debe adaptarse a la empresa en cuestión, no hay soluciones válidas universales. Hay que conocer correctamente la realidad de la organización, para lo cual es necesario en la mayoría de los casos que el consultor visite presencialmente la empresa.
  • El consultor debe tener formación específica especializada (másters, cursos de postgrado, cursos de especialista) o disponer de una certificación, como la Certificación ACP de la APEP.
  • El cumplimiento ha de ser real, no meramente formal o documental.
  • La consultoría de calidad tiene costes: ni gratis ni a precios por debajo del mercado, ni a través de fraudes como el del coste cero